Peritos judiciales

Los Colegios Profesionales tienen legalmente atribuidas, entre otras, funciones de colaboración con la Administración de Justicia. En concreto, la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, adaptada a la Ley Ómnibus, atribuye a los Colegios Profesionales las siguientes funciones: 

• “Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda”. 
  
  

En este mismo sentido, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 341, regula el procedimiento a seguir para la designación judicial de peritos, disponiendo lo siguiente: 

     “Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito. 

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Letrado de la Administración de Justicia, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.
2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa persona.”