El Ayuntamiento de Madrid podría ser el primero en ponerse al día con la Ley 6/2016

Para el próximo viernes, 17 de marzo, en Ayuntamiento de Madrid hay prevista una solicitud de comparecencia de la Gerente de la Ciudad, para informar cómo se encuentra actualmente el proceso de clasificación de los trabajadores de las instalaciones deportivas.

Para el próximo viernes, 17 de marzo, en Ayuntamiento de Madrid hay prevista una solicitud de comparecencia de la Gerente de la Ciudad, para informar cómo se encuentra actualmente el proceso de clasificación de los trabajadores de las instalaciones deportivas.

Madrid cuenta con una estructura de trabajadores de las instalaciones deportivas como personal laboral. Ésta se compone de 24 promotores deportivos, 449 técnicos deportivos de nivel 1, 20 técnicos deportivos de nivel 2, 116 técnicos deportivos vigilantes y 132 Licenciados en Educación Física. Sin embargo, la clasificación actual poco tiene que ver con la realidad de las profesiones del deporte y la cualificación requerida para el desempeño de cada función.

En virtud de esto, desde Ciudadanos han solicitado la comparecencia de Carmen Román, “al objeto de que informe sobre el proceso de reclasificación profesional de los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales y la adecuación de dicho proceso a la Ley de la Comunidad de Madrid 6/2016, de 24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte”.

Ésta es una iniciativa que se recoge con los brazos abiertos desde COPLEF Madrid, a la espera de ver la comparecencia y las conclusiones que se extraigan de la misma. La adaptación a la nueva Ley de profesiones del deporte debería ser un imperativo para todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 

La sesión de la Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto comenzará a las 9:30h., y aunque éste es el último punto del orden del día, el 14, estaremos atentos a su desarrollo.

Quedan tres meses para que entre en vigor la Ley 6/2016, por lo que todas las entidades y todos los profesionales deberían conocer en qué medida les afecta para poder dar los mejores servicios a los ciudadanos.

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